La lucha por garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, entre otras identidades y orientaciones sexuales diversas del país, recibe un respaldo directo con la creación del Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTlQ+, mediante la firma del Decreto 1311 de 2025.
Por: Oficina Asesora de Comunicaciones Ministerio de Igualdad y Equidad / Manuel Velandia / Asesor del despacho / Redacción revistalgbti.com
“Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real…”
El Gobierno del Cambio, liderado por el Presidente de la República, Gustavo Petro, marca un hito en la protección y garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTIQ+ que busca convertir la igualdad en una realidad, como lo afirma la persona Ministra de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva:
“Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas,
las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia
de garantizar sus derechos sin excepciones.
Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real
y con la dignidad de cada persona en Colombia”.
Ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva. Foto: Colprensa
El Decreto organiza un Sistema que trabaja de manera articulada en los niveles nacional, territorial y comunitario, con metas claras para asegurar el goce efectivo de derechos, prevenir las violencias y atender con pertinencia las necesidades de una población diversa que durante mucho tiempo ha sido invisibilizada. La apuesta es contundente, tejer puentes entre Estado y ciudadanía con base en los principios de igualdad, solidaridad, reconocimiento de la diversidad y dignidad humana.
Con este modelo de gobernanza, se impulsa a todas las entidades que hacen parte del Gobierno Nacional a establecer acciones que permitan avanzar hacia una Colombia igualitaria, diversa y libre de discriminación, donde la diversidad sea motor de cambio y no de exclusión, así, el Ministerio de Igualdad y Equidad, como líder de la política social dirigida a esta población, coordinará la redistribución de esfuerzos para este fin.
Un esfuerzo sin precedentes: Los ministerios involucrados
La columna vertebral de este nuevo sistema es la Comisión Intersectorial de la Política Pública Nacional LGBTIQ+, creada bajo el Título II del decreto. Esta instancia eleva el nivel de la discusión y la toma de decisiones, involucrando directamente a las cabezas de las carteras más importantes del país.
El decreto establece que la garantía de derechos no es tarea exclusiva de una sola entidad, sino un mandato transversal. Por ello, el documento cita y vincula explícitamente a los siguientes ministerios, quienes tendrán voz y voto en la Comisión:
- De Igualdad y Equidad: Entidad que preside la Comisión y ejerce la Secretaría Técnica a través de la Dirección para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+. Es el eje rector del sistema.
- Del Interior: Encargado históricamente de la política pública de derechos humanos y participación, jugará un rol clave en la coordinación territorial y la seguridad.
- De Relaciones Exteriores: Alinea las políticas nacionales con los estándares internacionales de DDHH.
- De Justicia y del Derecho: Acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en casos de discriminación.
- De Defensa Nacional: Garantiza la protección y seguridad, así como la formación de la fuerza pública en enfoques de género.
- De Salud y Protección Social: Aborda las barreras de acceso al sistema de salud y otras necesidades específicas, incluyendo la salud mental y procesos de afirmación de género.
- Del Trabajo: Enfocado en la inclusión laboral y la protección contra discriminación en entornos laborales.
- De Educación Nacional: Transformará los entornos educativos en espacios seguros y libres de discriminación.
- De las Culturas, las Artes y los Saberes: Vital para la transformación cultural y la lucha contra imaginarios prejuiciosos.
El decreto lleva la firma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asegurando la viabilidad fiscal de las medidas.
Además, el decreto vincula al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Estructura y funcionamiento del sistema
El Decreto 1311 no es meramente declarativo; establece una maquinaria operativa clara definida en sus Títulos II y III.
La Comisión Intersectorial tendrá la función de coordinar y orientar la implementación de la Política Pública Nacional. Entre sus responsabilidades destacan la formulación de lineamientos técnicos, el monitoreo de metas e indicadores, y la definición de rutas para la prevención y atención de violencias por prejuicio. Esta Comisión se reunirá de manera ordinaria dos veces al año.
Para garantizar la operatividad técnica, se crea el Comité Técnico LGBTIQ+. Este cuerpo, integrado por directores técnicos y expertos de las entidades mencionadas, funcionará como el motor del sistema. Se reunirá cuatro veces al año y tendrá la tarea de diseñar herramientas, formular estrategias para la superación de barreras de acceso a la justicia y orientar la territorialización de la política pública.
El Comité Técnico contará con cuatro Mesas Permanentes de trabajo, distribuidas estratégicamente:
- Mesa de Derechos civiles y políticos: Coordinada por el Ministerio del Interior.
- Mesa de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: Coordinada por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
- Mesa de Prevención de violencias por prejuicio: Coordinada por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
- Mesa de Atención de violencias por prejuicio: Coordinada por el Ministerio del Interior.
Enfoques fundamentales y principios rectores: Una visión integral
El Artículo 5 del decreto establece los lentes a través de los cuales se debe interpretar e implementar toda acción estatal. El sistema operará bajo ocho enfoques fundamentales:
- De Derechos: Centrado en la dignidad humana.
- Territorial: Reconociendo las realidades disímiles de la población LGBTIQ+ en la “Colombia profunda” frente a las grandes ciudades.Según el Artículo 2, el Sistema Nacional no se quedará en Bogotá. Una de las funciones clave es implementar estrategias de territorialización que orienten a alcaldías y gobernaciones en el diseño de sus propios planes y programas.
- Diferencial: Para atender las necesidades específicas dentro del acrónimo LGBTIQ+.
- De Género: Para combatir las inequidades históricas basadas en roles y estereotipos.
- Enfoque interseccional: Implementa respuestas de forma diferenciada para superar las simultáneas que convergen e incrementan la desigualdad y acceso a derechos.
- Enfoque Étnico–Racial y Antirracista: Una innovación crucial que busca proteger la diversidad étnica dentro de la diversidad sexual, combatiendo el racismo estructural que afecta a personas LGBTIQ+ afrocolombianas, indígenas, raizales y palenqueras.
- Enfoque de Justicia Ambiental: Reconociendo los impactos desiguales del cambio climático.
- Enfoque de Curso de Vida: Entendiendo que las necesidades de protección varían desde la infancia hasta la vejez.
Además, define legalmente el concepto de “Violencias por prejuicio”, categorizándolas como un fenómeno social dirigido a un grupo específico, justificado en reacciones negativas contra identidades reales o percibidas, con un alto impacto simbólico.
El observatorio y el mecanismo SALVIA: Datos para la vida
Uno de los avances más significativos es la creación del Observatorio de Derechos de la Población LGBTIQ+ (Títulos IV y V). Bajo la coordinación del Ministerio de Igualdad y Equidad, este organismo tendrá el objetivo de identificar y sistematizar información estratégica, ya que la falta de datos precisos ha sido históricamente una barrera para la formulación de políticas efectivas, y este observatorio busca cerrar esa brecha.
El Artículo 22 establece el mecanismo de información SALVIA (Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género) que centralizará la información de casos individuales para monitorear las rutas de atención y operará en interoperabilidad con el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE).
Obliga a las entidades del orden nacional y territorial a reportar a SALVIA la información y respuesta institucional dada a los casos de violencia. Un paso gigante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en materia de protección a la vida de las personas de estos sectores sociales.
Participación de la sociedad civil
La construcción de la igualdad no puede hacerse sin la ciudadanía. Aunque el Comité Técnico está compuesto por entidades estatales, se garantiza la participación de la sociedad civil y otros entes de control. Podrán asistir como invitados delegados del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y, crucialmente, siete representantes de agendas sociales de la población LGBTIQ+.
Mientras se define la Política Pública de Participación Ciudadana, el decreto establece un parágrafo transitorio que permite al Ministerio del Interior definir los mecanismos para la elección de estos representantes sociales, asegurando que las voces de las bases comunitarias sean escuchadas desde el inicio de la implementación del sistema.
La persona Ministra concluye afirmando:
“Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas,
las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar
sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme
con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”.
¡Viva la igualdad y los derechos de la población LGBTIQ+!
En el corazón de esta apuesta late una idea sencilla y poderosa: que nadie tenga que elegir entre su identidad y su seguridad, entre su orientación y sus oportunidades. El Gobierno del Cambio, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Igualdad y Equidad reafirma, con este paso, su compromiso de construir una Colombia inclusiva, respetuosa y equitativa, donde ejercer los derechos no sea un privilegio sino una garantía.
La invitación queda hecha. Ciudadanía, organizaciones sociales, academia y sector privado están llamados a sumar. Promover una cultura de respeto y reconocimiento de la diversidad no es sólo un mandato legal, es una tarea de país, una ruta hacia el desarrollo y la paz social. Porque la igualdad, cuando se vuelve práctica y se mide en vidas más seguras y dignas, es la mejor noticia.
Hoy, con el Decreto 1311, Colombia da un paso hacia adelante, y lo celebra con voz serena y decidida.
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PODCAST CON MANUEL VELANDIA
